Casi seis de cada diez argentinos está de acuerdo con que el aborto sea legal. La mayoría considera que la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo en el primer trimestre de gestación es un derecho de la mujer. Solo un 35 por ciento está en contra. Y menos de tres de cada diez cree que la práctica debería ser “ilegal”. Los datos surgen de una encuesta nacional sobre el tema realizada por la Consultora Ibarómetro en el mes de octubre, a los que tuvo acceso en exclusiva Página/12. Los resultados se conocen en momentos en que una misión de la sede de Londres de Amnistía Internacional visitó la Argentina para reclamar al Congreso la apertura del debate por la despenalización del aborto.

“En torno del aborto se da un fenómeno interesante: la mayoría aprueba su despenalización, pero la mayoría cree que la mayoría desaprueba su despenalización. A este trabalenguas la sociología lo llama ‘espiral del silencio’, un mecanismo por el cual determinadas opiniones se mantienen en silencio y atomizadas ante la idea de que existe clima de opinión dominante que las amonestaría”, señaló en diálogo con este diario Ignacio Ramírez, sociólogo y director de Ibarómetro. En este sentido, apuntó, “pronunciarse a favor del aborto debería dejar de ser percibido como una opinión políticamente incorrecta, para ser concebida como la expresión de una postura mayoritariamente compartida”. Las encuestas sobre el aborto ilustran la revolución silenciosa: “Aquí termina el trabajo de las encuestas y comienza el de la política”, señaló Ramírez.

La consultora realizó una encuesta telefónica de alcance nacional en una muestra de mil casos, diez días después de que la Corte Suprema ordenara al gobierno porteño garantizar el aborto no punible a una mujer víctima de trata que había resultado embarazada en una violación durante su cautiverio en redes prostibularias, cuya intervención se iba a realizar en el Hospital Ramos Mejía y fue obstaculizada por el accionar de un grupo católico. Ibarómetro preguntó en primer lugar: “¿Cuán de acuerdo está Ud. con que la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo en el primer trimestre de gestación es un derecho de la mujer?”. El 58,2 por ciento respondió estar entre muy de acuerdo (33,3 por ciento) y de acuerdo (24,9 por ciento) con esa afirmación. Sólo un 17,4 por ciento dijo estar “en desacuerdo” y otro 18,2 por ciento, “muy en desacuerdo”.

La segunda pregunta apuntó a conocer la opinión de los encuestados en relación a si el aborto debería estar o no legalizado. El 57,8 por ciento consideró que el aborto debería ser “legal”, y apenas el 28,3 por ciento, “ilegal”. Casi un 14 por ciento respondió. Despenalizar el aborto significa que se quita del Código Penal, es decir, que deja de ser delito. Cuando la práctica además es legal quiere decir que el Estado debe brindarla y garantizarla en los centros de salud.

Para el director de Ibarómetro, los resultados del relevamiento –que ratifican una tendencia que vienen mostrando estudios similares de los últimos años– reflejan un “cambio cultural” que no encuentra eco en el debate parlamentario.

–¿Qué análisis hace de los datos que arroja la encuesta? –le preguntó este diario.

–Las transformaciones culturales –alteración de las actitudes, valores y representaciones sociales que guían la conducta– suelen ser poco visibles, a diferencia de las transformaciones políticas y económicas que irrumpen ruidosamente sobre la esfera pública. El investigador norteamericano Ronald Inglehart viene documentando desde hace más de 30 años una profunda transformación cultural, de proporciones globales, a la que llamó “revolución silenciosa”. Además de silenciosos, los cambios culturales habitualmente son más lentos. Dos ejemplos: la “ley” hace mucho tiempo que dejó de jerarquizar entre hombres y mujeres y sin embargo, por inercia cultural, persisten mecanismos discriminatorios que sostienen la desigualdad de género en distintos ámbitos. Promediando el siglo XIX, cuando el “Norte industrialista” se impuso sobre el “Sur esclavista”, muchos creyeron que se trataba del fin de las asimetrías raciales, y sin embargo hubo que esperar hasta el siglo XXI para que un negro se convirtiera en presidente de los Estados Unidos. Existen casos en los que los cambios culturales pueden ser promovidos deliberadamente, por una voluntad que se les “adelanta”. Días antes de su promulgación, la ley de matrimonio igualitario suscitaba interesantes niveles de aprobación, pero hoy su respaldo es mucho más amplio. Existe otros casos donde la ley y la política van detrás, como sucede con el aborto. La nueva encuesta revela una vez más la mayoritaria posición de los argentinos en favor de la despenalización del aborto. Los datos surgidos de las encuestas sobre aborto introducen desafíos para dos actores: para la dirigencia política pero también, y especialmente, para los comunicadores y líderes de opinión, quienes deberían contribuir a que los argentinos actualicemos nuestra representación de nosotros mismos. Esto es, que asimilemos que formamos parte de una sociedad cuya mayoría está a favor de la despenalización del aborto. Caso contrario, el espejo mediático nos seguirá devolviendo una imagen distorsionada –sostuvo Ramírez.

Un botón de muestra de ese cambio cultural que advierte Ramírez se reflejó en las VII Jornadas Científicas del Servicio de Tocoginecología del Hospital Belgrano, del partido bonaerense de San Martín, que tuvieron lugar el miércoles y jueves último, bajo el título “Mujer, Derechos, Salud”. Participaron unos doscientos profesionales de la provincia. Uno de los ejes del encuentro fue sensibilizar y capacitar a los médicos en la práctica del aborto no punible, a la luz del nuevo protocolo bonaerense, elaborado a partir del fallo de la Corte Suprema del 13 de marzo. “Fue muy interesante observar, a partir de las intervenciones de los profesionales, como ya no discuten más si corresponde o no el aborto en casos de violación. Ya se habla de la necesidad de discutir la despenalización para otras situaciones como aquellas que responden a causas sociales”, indicó a Página/12 Estela Díaz, referente de Género de la CTA que responde a Hugo Yasky y panelista en las Jornadas. La actividad, organizada desde el Ministerio de Salud de la provincia, contó con el auspicio del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires y de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Provincia de Buenos Aires.

Salir del cajón

Hace un año, comenzaba en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados la discusión en torno del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en las 12 primeras semanas de gestación (IVE), impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ingresó con el apoyo de más de cincuenta diputados y diputadas de un amplio arco político, del oficialismo y la oposición. Sin embargo, este año, el debate quedó silenciado. El presidente de Legislación Penal, el kirchnerista Oscar Albrieu, donde está el proyecto, evitó poner el tema en la agenda de la comisión. “Hemos tenido otras iniciativas como la tipificación del femicidio y la derogación del avenimiento”, justificó la omisión en diálogo con este diario. Lo cierto es que no hubo voluntad política del oficialismo para propiciar la discusión. Y el tema quedó cajoneado.

La misión de la sede de Londres de Amnistía Internacional, que estuvo en Buenos Aires esta semana encabezada por la danesa Marianne Mollmann, llegó justamente a reclamar que se reabriera el debate sobre la despenalización en el Congreso. Mollmann es asesora legal de AI y experta en derechos humanos de las mujeres. Fue ella quien expuso el 30 de noviembre de 2010 en esa misma comisión, cuando ese año se inauguró una serie de audiencias públicas con especialistas internacionales sobre el tema. En aquellas jornadas se presentaron argumentos jurídicos, de salud pública y de derechos humanos para despenalizar el aborto. Sin embargo, luego la discusión se cerró y en el último año el tema no fue tratado en el Congreso.

“Hemos venido a preguntarle al Congreso argentino por qué hace un año que no debate la despenalización del aborto. Esta es una obligación que asumió el Estado al ratificar los tratados internacionales de derechos humanos. La penalización del aborto es un problema serio de salud pública, que afecta desproporcionadamente a los sectores pobres y es completamente prevenible”, señaló Mollmann (ver aparte). La misión de AI se reunió el jueves con diputados de distintos bloques, Victoria Donda (Libres del Sur), Claudio Lozano, Liliana Parada (Unidad Popular), Laura Alonso (PRO), Araceli Ferreyra (Frente para la Victoria), Manuel Garrido (Unión Cívica Radical) y Virginia Linares (GEN). En el encuentro también participaron las organizaciones Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Católicas por el Derecho a Decidir, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) e integrantes de la Campaña por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En la reunión se acordó impulsar la realización de una nueva audiencia pública en Diputados antes de fin de año para retomar el debate y lanzar una campaña nacional tendiente a que el tema ingrese en la agenda parlamentaria el año próximo.

Por lo pronto, la propia presidenta provisional del Senado, la tucumana Beatriz Rojkés de Alperovich, recibió esta semana en su despacho a integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir, una de las ONG que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, y en ese ámbito les expresó su compromiso con la temática y su postura a favor de que en 2013 el tratamiento del proyecto de IVE llegue al recinto. ¿Perderán en el Congreso el miedo a debatir el aborto abiertamente? ¿O seguirán los legisladores divorciados de la opinión mayoritaria –según marcan las encuestas– en relación con el tema?